Proponen nuevos protocolos contra hostigamiento y acoso sexual

Guadalajara, Jalisco, a 5 de abril de 2019.- Ante la falta de mecanismos para garantizar que la denuncia ciudadana contra el acoso y hostigamiento tenga un adecuado seguimiento, y para evitar que la denuncia anónima se conviertan en herramienta de persecución social y linchamiento público, la Diputada Claudia Murguía Torres, anunció la presentación de una nueva iniciativa por la que se establece la obligatoriedad de instituciones y organismos públicos, a contar con protocolos avanzados para prevenir, combatir y castigar el hostigamiento y acoso sexual.

La iniciativa establece modificaciones a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como al Código Penal estatal, para incluir un capítulo que regule los protocolos de prevención, atención y erradicación de violencia de género, acoso y hostigamiento; estableciendo la obligatoriedad de su aplicación por parte de toda dependencia pública, organismo centralizado, descentralizado y autónomo; y gobiernos municipales, en un plazo no mayor a seis meses a partir de la aprobación de la misma.

En este sentido, se propone establecer por ley:

La garantía de las medidas de prevención.

La reparación integral del daño a víctimas.

La garantía de no repetición de la conducta por parte del agresor.

La protección en todo el proceso de las partes involucradas.

El debido respeto al principio de presunción de inocencia

En cuanto al Código Penal, se eliminaría la definición legal de persecución del delito sólo ante denuncia de parte, permitiendo a las autoridades correspondientes la persecución de oficio del mismo.

Para finalizar, la legisladora explicó que “La denuncia anónima es una manera de protección válida, pero también deja un espectro muy amplio y riesgoso de que no se le otorgue atención integral a la víctima, o se caiga en circunstancias de linchamiento o acusación falsa”, por lo que su iniciativa establecerá el formato de detección, seguimiento y persecución del ilícito, teniendo en cuenta la protección de todas las partes involucradas, y el derecho constitucional de presunción de inocencia.

 

 

 

 

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