“Se trató de aspectos profundamente legales, de fuerte sensibilidad social y de trascendencia institucional y consecuente operatividad de los cuerpos policiales”, citó el legislador al término de su conferencia dictada en ese recinto cultural de jalisco.
Cabe destacar que la reforma constitucional de enero del año 2016, plasmó de manera imperativa en el artículo 21, que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la misma constitución señala.
Se remarca que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, plasmados en la reforma constitucional de junio del año 2008.
En su mensaje ante decenas de asistentes al evento, el legislador se cuestionó: ¿qué tanto han asumido y aceptado su responsabilidad las autoridades municipales, del país, en el esquema referido?
Según datos del sistema nacional de seguridad pública, el total de los elementos policiales del país ronda en los 432 mil que se distribuyen en: 196 mil estatales, 166 mil municipales, 38 mil federales, 27 mil ministeriales y 3 mil 500 ministeriales federales.
Ahora bien, en virtud de que los policías municipales son la base y sustento para la funcionalidad del nuevo sistema de justicia, y en consecuencia las autoridades locales, se obligan a reformar el conjunto de procedimientos, normas y reglamentos que dé respuesta práctica a estas exigencias.
Sin embargo, no se ha logrado una plena armonización nacional, en virtud de que las legislaturas estatales aun no culminan el conjunto de adecuaciones que el marco legal de cada entidad y se pueda contar con la uniformidad necesaria para tales fines.
Finalmente, entre otras cosas, Gaeta Esparza puntualizo: es muy importante que el poder judicial, la fiscalía general del estado, las policías municipales, estatales y ministerial, tengan reuniones de evaluación que conlleven a definir nuevas estrategias en la aplicación del sistema, asumiendo el compromiso, que el legislativo federal realizará lo que a su competencia le corresponda, reformando y en su caso armonizando la legislación que permita la mejor aplicación del citado sistema.
