Destacó que el Comité de Participación Social se integrará por cinco ciudadanos que serán elegidos por un Comité de Selección conformado por nueve personas propuestos por universidades públicas y privadas, organismos no gubernamentales y sociedad en general, todas personas honorables y con experiencia y capacidad en temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. La presidencia será rotativa cada año.
Prevenir, detectar y sancionar faltas administrativas graves o no graves, delitos en materia de corrupción; la fiscalización y control de los recursos públicos; así como dar puntual seguimiento a los acuerdos que ahí se tomen y fungir como órgano de coordinación estatal y municipal, son algunas de las principales funciones que desarrollará el Comité de Participación Social.
Estará integrados por siete ciudadanos: el presidente del propio Comité, los titulares de la Auditoría Superior y la Contraloría, el Fiscal Especial Anticorrupción, y los presidentes del Consejo de la Judicatura, del Instituto de Transparencia e Información Pública (ITEI) y del Tribunal de Justicia Administrativa.
Serán elegidos para desempeñar este cargo por cinco años y no podrán reelegirse; los aspirantes deben contar con 35 años de edad, titulo de licenciatura, experiencia mínima de diez años, no haber tenido cargo de elección popular o haber sido candidato en los últimos cuatro años; no ser simpatizante, militante o adherente de un partido político en los últimos cuatro años; y estar comprometidos en la lucha al combate frontal a la corrupción.
La diputada destacó que el Congreso del Estado no tendrá participación en la selección de los miembros del Comité de Participación Social, y agregó: "tenemos como plazo hasta 15 de septiembre para aprobar y que entren en vigor, las leyes secundarias; es decir los qué y los cómos de lo que se establece en la Constitución"
Afirmó que el 15 de diciembre de este 2017, vence el plazo para emitir las convocatorias respectivas y aprobar los nombramientos de quienes participarán en este nuevo Sistema: el Fiscal Especial Anticorrupción, los órganos de control interno, el Comité de Participación Social, los magistrados de primera y segunda instancia, que entrarán en funciones el primero de enero del 2018.
Dentro de esta reunión de trabajo, los diputados aprobaron reformas a la Ley de Justicia Administrativa en lo que se refiere a la figura jurídica de afirmativa ficta. La diputada Corona Nakamura expuso que los objetivos principales de la adecuación a esta herramienta, es poner orden en las resoluciones que emite el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco (TAE).
Con esta modificación, se establecen mecanismos para reglamentar los procesos relativos al desarrollo urbano, específicamente al solicitar permisos o licencias; elimina las medidas cautelares y privilegia el uso de suelo y el ayuntamiento podrá inconformarse sobre las resoluciones finales que emita el TAE; además de que se evitará la edificación de construcciones sin licencia previa.
Acabar con el 'silencio administrativo', donde la autoridad respectiva de emitir la licencia o permiso se queda callada, oculta papeles o los traspapela; evitar actos donde el solicitante o los ayuntamientos no acuden a realizar la solicitud ni reúnen los requisitos y se van directamente al TAE, donde notarios públicos certifican hechos sin sustento, son algunas de las prácticas que evitará esta reforma.
Corona Nakamura afirmó que es necesario "amarrarles las manos a los magistrados del TAE para que no otorguen permisos o licencias y hagan las veces de dirección de Obras Públicas o ayuntamientos; es importante señalar que estamos modificando la ley para que los terceros afectados, es decir, los vecinos que consideren que la realización de la obra los afecte, podrán presentar un recurso de inconformidad".
Los diputados también avalaron diversos dictámenes, entre ellos: la propuesta del entonces diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, para solicitar a la Secretaría de Movilidad y al Consejo Estatal Contra las Adicciones, realice una campaña especial con el fin de concientizar e inhibir el fumar en espacios cerrados y en vehículos cuando existe un menor presente.
El acuerdo propuesto por la diputada Corona Nakamura para exhortar al Secretario de Educación, Francisco Ayón López, para que salvaguarde la libertad de los padres de familia de adquirir los materiales educativos y uniformes de los escolares en los lugares que más les convenga, sin que se les pueda obligar a comprarlos en lugar o marca determinados.
Se aprobó enviar exhorto al Fiscal General, Eduardo Almaguer Ramírez, y a Lorena Hernández Muñoz, Directora del OPD Instituto Jalisciense de Salud Mental, para solicitarles acciones coordinadas de prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud mental de los operativos de los cuerpos policíacos de la entidad. La promovente es la diputada Claudia Delgadillo González.
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