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Lunes, 27 Noviembre 2017 18:04

Aprueban dictámenes sobre reformas y adiciones en Desarrollo Urbano y la nueva ley de Obra Pública

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Se trata de que los ciudadanos sean el eje fundamental de acciones urbanísticas y de terminar con los “moches” o dádivas para obtener contratos

Reformas y adiciones trascedentes en materia de desarrollo urbano y obra pública, para que los ciudadanos sean el eje central de cualquier acción urbanística y lograr una ciudad más humana, así como poner freno a los “moches” o dádivas a cambio de contratos, que en muchos casos incumplen con la calidad de los trabajos; de igual manera, se implementa la figura del testigo social, que participará desde la convocatoria, licitación y asignación de la obra, fueron aprobadas por los legisladores miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos.

Se trata de los dictámenes para las modificaciones al Código Urbano y la Ley de Coordinación Metropolitana, para armonizarlas con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y de expedir la nueva Ley de Obra Pública, a iniciativa de los diputados Rocío Corona Nakamura, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, quienes presiden las comisiones de Puntos Constitucionales y Desarrollo Urbano, respectivamente, además de otros legisladores que integran la bancada del Partido Movimiento Ciudadano.

Explicó la Diputada Corona Nakamura que en lo relativo a las reformas al Código Urbano y la Ley de Coordinación Metropolitana, la movilidad y vivienda se vinculan, de ahí la importancia de los desarrollos orientados al transporte; optimizar la infraestructura de los servicios públicos ya existentes en la ciudad y redensificar Guadalajara, ya que entre 2005 y 2015 se marcharon 140 mil 792 personas, es decir, un promedio de 38.57 habitantes diarios. Además, en el centro histórico hay un millón de metros cuadrados construidos y abandonados. “Tenemos una ciudad bulliciosa en el día y fantasma en la noche”, afirmó.

Los planes parciales de desarrollo no podrán ser aprobados sin la existencia de un Atlas de riesgo, donde se pueda saber cuáles son los peligros para las viviendas y la gente. Se exige también el Programa de Reordenamiento Ecológico para salvaguardar las áreas naturales y el medio ambiente, y evitar la voracidad inmobiliaria. Dicho programa es condicionante para los planes parciales de desarrollo.

El Congreso del Estado nombrará al Procurador de Desarrollo Urbano de los candidatos que proponga el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, previa opinión del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, para garantizar que sea profesional, ético y sin conflicto de interés.

La Junta de Coordinación Metropolitana estará representada por el Gobernador, los presidentes municipales y el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Con esta legislación se rescatan los espacios públicos que actualmente están abandonados, para impulsar la convivencia entre las familias. Asimismo, priorizar la movilidad peatonal, no motorizada y el transporte público, ya que el parque vehicular del Área Metropolitana de Guadalajara ocupa 13 millones de metros cuadrados, equivalentes a mil veces el Estadio Jalisco y 11 veces el Parque Metropolitano. Finalmente, a quien construya en zonas de riesgo, áreas verdes o áreas naturales protegidas, o levante torres fuera de norma, se le impondrán de dos a cuatro años de prisión y multa de 75 mil 490 a 226 mil 470 pesos.

Ley de Obra Pública

Respecto a la adhesión de la Comisión de Puntos Constitucionales al dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, que aprueba la nueva Ley de Obra Pública, el Diputado Ramón Demetrio Guerrero Martínez, presidente de dicha instancia legislativa, destacó que desaparecerán los “moches”, una legislación a la altura de lo que requiere Jalisco, que haya certeza de que peso etiquetado o destinado a obras, pueda ser ejecutado con ese concepto.

Habrá el testigo social para garantizar que el proceso en la adjudicación sea claro, íntegro, además de que la Contraloría Social formará parte de obligatoriedad en la ejecución de la obra pública. De esta manera, los ciudadanos vigilarán que lo acordado en el contrato sea ejecutado en la práctica. Igualmente, habrá el padrón único de contratistas y tener una visión conjunta de lo que requiere el Estado. Igualmente será obligatorio el Banco de Proyectos a nivel estatal, para su consulta.

Por su parte, la Diputada Corona Nakamura manifestó que también se trata de terminar con las malechuras. “Basta de pavimentos de mazapán que se desbaratan en la primera lluvia. Habrá muchos ojos, nada en lo oscurito. La ciudadanía será un protagonista importante. El ojo ciudadano especializado será el Testigo Social, que participará desde la convocatoria, licitación y asignación de la obra”.

Agregó que “ya no se podrá que una carretera de 100 kilómetros, que debe contratarse por licitación pública en razón de su cuantía, la dividan en 100 contratos de asignación directa”, ya que en ésta participarán varios contratistas que reúnan las condiciones técnicas y económicas para realizarla, y será adjudicada por sorteo en presencia del Testigo Social. Además, se acabaron las obras por racimo. En la Adjudicación Directa el contratista sólo tendrá derecho a una sola obra, y hasta que termine podrá participar en otra” El cohecho o “moche”, se sanciona en el Código Penal desde 15 mil 98 pesos, de dos a 12 años de prisión y multa de siete mil 549 a 22 mil 647 pesos.

Ley de Movilidad

Por otra parte, en relación a las reformas a la Ley de Movilidad y Transporte, que ya están en vigor con sus respectivas sanciones, y por lo cual se manifestaron conductores del servicio de transporte público, la Diputada Corona Nakamura dijo en entrevista, que se debieron a la encuesta que hizo la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, en la que puntualmente establece que a seis de cada diez adultos mayores que lo usan les ha sido negado el acceso; ocho de cada diez han recibido algún tipo de maltrato de parte de los choferes, el 93 por ciento que reciben los bienevales en alguna ocasión les ha sido negado el servicio y los han bajado del camión, y nueve de cada diez tienen temor de usar ese boleto por la forma humillante en que se les trata.

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