Se acreditó que no tenía autorización, ni permiso por parte del Congreso para aprobar la concesión del estacionamiento de la Ciudad Judicial, por diez años, ya que sobrepasa el tiempo del periodo constitucional de la administración pública estatal.

Asimismo, de haber realizado la llamada telefónica al Comisario de la Policía de Guadalajara, al interceder por personas que habían sido detenidas por la comisión de un delito. Con su indebido actuar provocó desconfianza hacia las instituciones de impartición de justicia y el reclamo airado de la sociedad en general.

Se cuestionó el cumplimiento de los principios de imparcialidad, objetividad, equidad, legalidad e independencia que deben prevalecer para impartir justicia. Provocó un trastorno grave en el buen funcionamiento de las instituciones. Como Magistrado Presidente se extralimitó en sus atribuciones y facultades. En conclusión, el acervo probatorio resultó ser apto, bastante concluyente para acreditar el actuar del servidor público denunciado. No se ajustó a la normatividad que establecen las facultades del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

Otro de los cargos es que no cumplía con los requisitos de elegibilidad para ser nombrado Magistrado, debido a que había sido sentenciado a una pena de cuatro años de prisión por la comisión de los delitos de robo, daño en las cosas y portación de arma de fuego, de conformidad a la ficha signalética 31464 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, en el proceso de elección de magistrados.

El servidor público denunciado se condujo con falsedad al presentar la documentación exigida en la convocatoria, omitiendo y ocultando información, faltó a la verdad y omitió dolosamente información en un proceso de elección de dicha naturaleza.

En la sesión de la Comisión de Responsabilidades, presidida por la Diputada María del Pilar Pérez Chavira, se manifestó que la sanción de 13 años de inhabilitación para ocupar cargos o comisiones en el servicio público, tendrá vigencia a partir del día siguiente en que los dictámenes de referencia sean aprobados en definitiva por el Pleno del Congreso del Estado.

El Diputado Jorge Arana Arana votó en abstención, debido a que hay cinco procedimientos contra el ex Magistrado, por la misma llamada telefónica y es conveniente acumularlos en un solo dictamen. Explicó la Diputada Pérez Chavira que la Ley de Responsabilidades del Estado no permite la acumulación de juicios ni tampoco las sanciones, porque los denunciantes son diferentes.

Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales sí lo prevé, por lo que se harán las consideraciones necesarias.

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