Al mismo tiempo, presenta las acciones y medidas que se aplicarán para el cabal cumplimiento del resolutivo respecto a la reparación del daño, garantías de no repetición y capacitación para la comunidad escolar, entre otros puntos. En diciembre de 2017, esta defensoría recibió la queja de una mujer a favor de un familiar cercano, su primo, y en contra de autoridades de la secundaria general 92, Santos Degollado, turno matutino, plantel ubicado en el municipio de Guadalajara. 

Explicó que días atrás su pariente había tenido una discusión con un compañero de estudio dentro de un aula del primer grado, en presencia de la maestra de Ciencias, quien luego de llamarles la atención ordenó que se pusieran a trabajar. Sin embargo, minutos después la docente abandonó el aula por unos minutos, tiempo en el que su primo sufrió la agresión física por parte del otro estudiante, quien lo golpeó con la rodilla y pies en la cabeza. También fue azotado contra una butaca. Según la quejosa, estando enteradas de la agresión, tanto la maestra como la prefecta se limitaron a preguntar al agredido cómo se sentía, sin hacer nada más. 

Ese mismo día, luego de las clases, el menor de edad le dijo a su abuela que le dolía mucho la cabeza, y se desvaneció. Un paramédico que le administró los primeros auxilios dijo que estaba grave por haber sufrido un severo golpe en el cráneo, y enseguida fue trasladado al Centro Médico de Occidente, donde estuvo varios días en terapia intensiva, luego de una intervención quirúrgica. 

La Comisión solicitó al director general de secundarias de la Secretaría de Educación medidas cautelares tendentes a salvaguardar dentro del entorno escolar la integridad física y psicológica de todo el alumnado de ese plantel educativo; que se iniciara una investigación de los hechos y se atendiera en forma inmediata la problemática de violencia que existía en la escuela. 

El parte calificativo de lesiones elaborado por un médico perito del IJCF describe que el menor de edad sufrió “traumatismo craneoencefálico, fractura en la región temporal izquierda, neumotórax bilateral; lesiones causadas por agente contundente que por su situación y naturaleza sí ponen en peligro la vida y tardan más de quince días en sanar. Se ignoran secuelas.” 

La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación informó que se instauró un procedimiento de responsabilidad administrativa al director de la escuela, a la profesora y a la prefecta, con motivo de los hechos en los que resultó lesionado el adolescente, en los cuales se decretó destitución de sus respectivos empleos. 

La prefecta también resulta responsable, ya que fue la primera en enterarse del incidente, y no obstante que tenía conocimiento de la agresión que sufrió el alumno, minimizó el acontecimiento sin informar a la dirección para que se le diera la debida atención médica al adolescente. De las constancias que obran en el expediente de queja se advierte que el director del plantel, la profesora y la prefecta de la escuela secundaria general 92 Santos Degollado son responsables de no garantizar adecuadamente los derechos humanos por omisiones e indebida actuación. 

Con motivo de estos hechos, esta defensoría dictó, entre otras, las siguientes recomendaciones: Al titular de la Secretaría de Educación: que realice a favor de la víctima directa la atención y reparación integral del daño. Que un equipo multidisciplinario y especializado atienda al alumno agraviado, con el propósito de que se le practique un diagnóstico que incluya estudios médicos, consistentes en valoraciones clínicas neuropsicológicas para conocer su estado de salud física y psicológica actual, y se elabore un plan de rehabilitación y tratamiento oportuno.