Una disertación sobre los efectos del nacional-populismo en la realidad y cómo se pretende controlar a ésta por medio de discursos, proclamas… y algunos resultados.
El gobierno federal ha cumplido parcialmente las metas de reintegración territorial para los comuneros wixaritari (huicholes) de San Sebastián Teponahuiaxtlán-Tuxpan de Bolaños (Waut+a-Tutsipa), pues se han logrado ejecutar quince sentencias que ya estaban falladas desde antes de la llegada al gobierno de López Obrador; esto es, s{olo 3,500 Has de unas 10,500 ha de la zona de Huajimic, que pertenecen por derecho al pueblo huichol.
Uno de los comisionados de la comunidad en el tema, Ubaldo Valdez Castañeda, advierte que esos asuntos terminaron en buen puerto porque hubo disposición de las partes para mantener la paz en la región, lo que significa que se pagó dinero como indemnización a los ganaderos mestizos que debieron regresar las tierras que el gobierno federal y el de Nayarit les habían entregado desde los años 50 del siglo XX, e incluso antes, bajo los procedimientos de denuncia que estaban legitimados por las leyes contra “manos muertas” que dominaron al país entre 1857 y 1917.
Para Valdez Castañeda, el avance solo por las rutas que de algún modo ya estaban allanadas, revela un tibio interés gubernamental en resolver todos los expedientes, pues quedarían alrededor de 47 demandas por resolverse y ejecutarse. Los comuneros se reunirán en marzo de 2025 para discutir los caminos a seguir, pero ha cundido la idea de repetir la marcha que hicieron en abril y mayo de 2022, para que la administración de Claudia Sheinbaum Pardo retome el plan y dé completa satisfacción a la promesa de su predecesor, de acuerdo a una plática telefónica que sostuve con él en días recientes.
Estos hechos permiten enmarcar la reflexión sobre cómo los gobiernos posteriores a la revolución de 1910, y sobre todos los de corte nacional-populista, han sido omisos al prometer demasiado y cumplir de poco a nada con los pueblos indios, a los que ven como símbolo y también como clientela.
Dejemos de lado ese surrealismo inherente a mucho de lo que hace la Cuarta Transformación. Recibe por herencia una cantidad todavía larga de expedientes del increíble y no menos surrealista “rezago agrario”; es decir, medidas de justicia prometidas por décadas pero que no se han completado, para reintegrar tierras a los núcleos campesinos. La lentitud y falta de dinero con que las autoridades agrarias federales y los gobiernos estatales han procedido, ha llevado al desánimo y la irritación entre los comuneros del pueblo también conocido como huichol. Los procesos electorales y locales de 2018 y 2021 no se pudieron realizar en la zona como boicot de los indígenas para empujar una respuesta gubernamental positiva a sus demandas. En 2022, tras la caravana a la capital del país a través de mil kilómetros, el presidente López Obrador prometió que en 2022 quedaría finiquitado el conflicto.
De entrada era una oferta irresponsable: entregar decenas de millones de pesos a los ganaderos, que la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) no tenido. El resultado era previsible. El enojo actual, también.
LA ESENCIA DEL MITO
El problema esencial de nuestra democracia precaria es la ignorancia. Millones de mexicanos alfabetizados pasivamente y con rudimentos de ciencia, están inevitablemente desprovistos de las herramientas intelectuales básicas para distinguir siquiera las noticias reales de las llamadas “fakes”, y por ende, dan poca esperanza para que se pueda construir procesos intelectuales serios, críticos y democráticos que tanto necesita un país entrampado entre emociones elementales, carencia históricamente aprovechada por todos los caudillos, grupos, facciones y partidos políticos que en el país han sido, y son.
Lo indígena se mantiene como un mito difícil de desarticular con herramientas críticas. Fue una de las grandes reivindicaciones de la Revolución Mexicana, y un reconocimiento que ha dado vista a la enorme y heterogénea realidad que alberga el país demográfica y culturalmente más indio de América. Pero cuando se mira de cerca el proceso, salen las grietas y los resquebrajamientos.
Partamos de lo histórico. En grandes líneas, el derecho indígena que se aplica en México y que deriva de la gesta de 1910, es heredero de las Leyes de Indias generadas por el imperio español. Esta normativa colonial proteccionista y vindicadora del derecho al territorio fue primero materia de reclamaciones del bando conservador, sencillamente porque los liberales del siglo XIX, entre ellos, algunos insignes indígenas, no consideraron importante mantener la pluriculturalidad del país, y por el contrario, la veían como amenaza: lo más compasivo que se les ocurría era la posibilidad de integrar a los aborígenes al país mestizo. También veían un obstáculo insalvable en las formas de organización, producción y tenencia de territorio y recursos por miles de comunidades que llenaban la geografía del país de extraños originales, la perpleja otredad a los ojos de una república que anhelaba sentarse a la mesa de las naciones modernas y del capitalismo triunfante. Esto de algún modo maridó en luchas a los aborígenes con la iglesia católica, donde la versión liberal fue derrotada por el extremismo de los bandos y también el grupo tradicional luchaba por privilegios heredados del régimen colonial. El caso de Manuel Lozada, muy bien estudiado por Jean Meyer, es modélico.
La fatal incomprensión de los liberales al tema indígena fue parte de los cobros que buscó aplicarle la insurrección social, donde el zapatismo retoma la bandera de Lozada, pero en general, el tema encuentra eco en muchos de los líderes que a la postre ganaron la Revolución.
La bandera de “Tierra y Libertad” (mismo eslogan de los rebeldes populistas abanderando campesinos, y posteriormente del partido eserista, tanto en la Rusia zarista decimonónica como en la que alumbra la revolución de octubre: Zemlia i Volia, ¿Quién dijo que hace dos siglos no había mundialización?) fue una proclama que se degradó con el manoseo.
El gobierno hace actos de justicia al regresar las tierras a sus dueños legítimos, pero no se debe dejar de señalar la demora entre la Constitución de 1917, la emisión de decretos restitutorios (para las regiones indígenas de Jalisco eso ocurre sobre todo en los años 50 y 60), y la ejecución de los mismos (no ha culminado un siglo después).
Las montañas huicholas fueron remotas hasta hace muy poco tiempo. Pero nada de esto fue obstáculo para que sus comunidades padecieran procesos de división con el empuje político a ganaderos mestizos desde los gobiernos estatales de Nayarit, Zacatecas y Durango, con la racista indiferencia de Jalisco, que aún a la fecha, no se ocupa de una de las consecuencias más obvias de esa segunda conquista de sus montañas en los años de la Revolución: que los límites de Jalisco en la zona han sido “tragados” por estados vecinos en más de tres mil kilómetros cuadrados, lo que borra la continuidad territorial entre Tequila y San Martín de Bolaños, y ha obligado a los aborígenes a imaginar, crear y consolidar nuevas instituciones para rescatar su tierra sagrada: eso es la clave histórica para explicar reivindicaciones como Guadalupe Ocotán en Nayarit, cercenado de San Andrés Cohamiata, o Bancos de Calitique en Durango, también despojado a esa comunidad de Mezquitic.
Mientras, la mayor de las comunidades wixaritari, San Sebastián Teponahuaxtlán o Wuaut+a, mantiene un fuerte expediente de restituciones que los tiene enfrentados, con riesgo de violencia, con los ganaderos nayaritas. Jalisco también opera tibiamente en el tema, y el gobierno federal trata de ganar tiempo.
Evidentemente, hay la necesidad de generar un gran proceso de reconciliación con las instituciones nacionales, ante el agotamiento del modelo clientelar que tantos dividendos dio al PRI-sistema en el pasado, y la intención de renovación por parte del caudillismo presidencial hoy vigente. Más obligado aún, ante la presencia indiscutible, cruenta, ominosa, de grupos de criminales en buena parte de las montañas de Jalisco y México, con toda la carga de desafío a las instituciones y de daño y violencia a las poblaciones locales. Es fundamental arrancar a los pueblos indios de las garras de los nuevos encomenderos, estos señores neofeudales que deciden sobre la vida y hacienda de todos los siervos.
La capacidad humana por excelencia, dijo en un momento memorable el gran filósofo griego Cornelius Castoriadis, es la imaginación. La imaginación enciende la capacidad de cooperación a través de mitos compartidos por cientos o miles de humanos, y si bien, estos mitos siempre podrán y deberán ser discutidos frente al espejo de la crítica, se mantienen como el mejor vehículo para articular un proceso civilizatorio que demanda reparaciones mayores si se desea incluir a tantos millones de mexicanos que también son México; esos sujetos y espacios de la otredad que es perplejidad para “el inevitable hombre blanco” (Jack London), un actor que en México significa, más que el color de la piel, la encarnación del poder político o económico, sea fáctico o emanado de elecciones constitucionales.
